En un accidente de automotores en movimiento, el hecho engasta en lo disciplinado por el art. 1113, segunda parte, segundo párrafo, C.C., salvo que se acredite un factor de atribución subjetivo. Sólo corresponde rechazar total o parcialmente la demanda si se encuentran acreditadas causas ajenas al demandado.\n8. El art. 61 de la ley de seguros habla de mantener indemne, seg&ua...

En la apreciación de la prueba testimonial, el sentenciante puede inclinarse por la que le merece mayor convicción en concordancia con las restantes piezas probatorias rendidas en la litis, que en definitiva puedan corroborar o disminuir la fuerza de las declaraciones.\nEn el supuesto hipotético de que los testigos ofrecidos por ambas partes sean meritorios unos y otros, se pr...

En la prueba pericial, ante la discordancia entre lo informado por el perito oficial y lo informado por el contraloreador, sin otro elemento de juicio que autorice a inclinarse por una u otra, cabe estar a la del experto designado de oficio, dado que por su función no puede ser sospechado de parcial....

La forma exigida (escritura pública) en la transmisión de bienes inmuebles no es una mera formalidad, es una condición de validez del acto, como se desprende de los arts. 973, 976/78 y 1183 C.C. entre otros.\nSi no se realizó la escritura traslativa de dominio del bien inmueble en favor de otra persona, ni tampoco la tradición efectiva, no puede hablarse seriamen...

La ley vigente en materia de regulación de honorarios de peritos es la ley 8226, que deroga las leyes específicas de aranceles de profesionales que imponen a los jueces alícuotas o montos mínimos en los peritajes. Conforme al art. 120, ley 8226, el Código Arancelario se aplica desde su entrada en vigencia, a todas las causas y actuaciones profesionales en tr&aacu...

No corresponde la declaración de inconstitucionalidad del art. 48 ley 8226, toda vez que el recurrente no demuestra la garantía constitucional que ha sido conculcada o vulnerada. La diferente interpretación no autoriza sin más a declarar la inconstitucionalidad de la norma...

\r\nLa teoría de la real malicia procura un equilibrio razonable entre la función de la prensa y los derechos individuales que hubieran sido afectados por comentarios lesivos (del voto del Dr. Napolitano)....

\r\nLa doctrina de la real malicia se aplica a funcionarios públicos o personas públicas y se extiende a los particulares en cuestiones de interés público de relevancia institucional. La aplicación del standard de la real malicia acarrea como efecto que queda a cargo del querellante la prueba de que las informaciones eran falsas y que fueron publicadas con el conocimiento de que lo eran o con impr...

\r\nCuando un órgano periodístico difunde una información que podría tener entidad difamatoria para un tercero, no asume responsabilidad en los supuestos en que omita la identidad de los presuntamente implicados o utilice un tiempo de verbo potencial o, por fin, propale la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente. \r\nNo resulta exigible imponer a los responsables d...

\r\nDebe aplicarse la doctrina de la real malicia toda vez que el suceso que motivó la noticia en la que se encuentra enmarcada la información motivo del agravio, es de interés público con relevancia institucional, que involucró a toda la comunidad de una población de la provincia de Córdoba, ya que se refirió a hechos ocurridos en el único colegio al que concurrían todos los niños de la localidad...