Es oportuno el remedio intentado de recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema, desde que el caso constitucional base de éste se configura con la aplicación e interpretación de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional Nº 1570/01, Nº 71/02, Nº 1316/02 y ley 25.561, constituyendo todo materia suficiente para su concesión, de acuerdo con ...

La caducidad de la instancia se subordina a la concurrencia de determinados presupuestos, a saber: a) la existencia de una ?instancia?, entendida como toda pretensión que mediante una petición inicial las partes someten a la decisión de juez competente; b) una inactividad procesal que se exteriorice en la inejecución de acto idóneo alguno; y c) el transcurso de u...

El escrito ?insta trámite? solicitando la elevación del expediente al tribunal de alzada en razón de su apelación, que motivó el informe del actuario de primera instancia y según el cual los autos no se encuentran en secretaría ni hay constancia de retiro en el libro de recibos, disponiendo emplazar a las partes para que los restituyan si obraren en...

Aun en la hipótesis de que no existiera mora y que no procediera el planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.561 y del decr. 214/02 del Poder Ejecutivo Nacional que hace el demandando, el depósito habría sido igualmente insuficiente, porque las propias normas que los actores invocan para depositar pesos -en lugar de dólares como se habían comprometido en el c...

él, en lo que consiste particularmente la diferencia entre la función legislativa y la judicial; y si bien hay un deber moral para los jueces inferiores en conformar sus decisiones a los fallos de aquél, ello se funda en la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad que caracteriza a los magistrados que la componen, sin que e...

Habiendo el actor pedido en su demanda que su deuda sea pagada en dólares y reiterada dicha pretensión en su expresión de agravios, aun invocando un fundamento jurídico distinto, el hecho de que no haya efectuado en ningún momento un formal planteo de inconstitucionalidad de las normas en cuestión, no enerva la atribución y el deber que tiene este t...

Perfeccionado un acto jurídico, las partes incorporan a sus respectivos patrimonios los derechos emergentes de aquél y estos derechos, cualquiera sea su naturaleza, en la medida en que tengan un valor económico, se encuentran amparados por el art. 17 C.N. con la garantía de inviolabilidad del derecho de propiedad que, en definitiva, lo que tutela es la integridad del pa...

Según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia (Fallos 243:467) la emergencia económica es algo sustancialmente distinto al estado de sitio, por lo que no hay suspensión de garantías, sino únicamente restricción al ejercicio de algunos derechos que «debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia ...

Las normas de la legislación de emergencia no imponen una mera postergación en el tiempo del ejercicio del derecho del accionante, sino que lo privan de manera definitiva de una porción sustancial del crédito que éste había incorporado a su patrimonio. Ello pone en evidencia que tales normas, so pretexto de ejercicio del poder de policía de la emerg...

Aun cuando la declaración misma de la emergencia no puede, en principio, ser revisada por el Poder Judicial, las restricciones a los derechos reconocidos por la Constitución que se impongan con sustento en tal declaración de emergencia se encuentran, sin lugar a dudas, sujetas al control judicial....