El derecho de defensa del imputado comprende el derecho a un comportamiento procesal pasivo (derivado del principio nemo tenetur se ipsum acussare), lo que configura un aspecto de la garantía de incoercibilidad moral del imputado (art. 18 C.N.), pero de ningún modo autoriza –ni al imputado ni a su defensor– la ejecución de conductas activas tendientes a obstaculizar la investigación. En tal sentid...

Las manifestaciones del abogado defensor pueden ser valoradas como indicios de riesgo para la investigación, si fueron efectuadas en su carácter de defensor de quien todavía no resultaba imputado en la misma causa como partícipe del hecho investigado en ella. No existe aquí ninguna tensión entre derechos fundamentales, por cuanto la garantía de una comunicación libre y privada entre un imputado y ...

Debe ser descartado el pedido de nulidad formulado por un imputado que recién adquirió tal calidad luego de haberse tomado conocimiento –casual– del contenido de las conversaciones objeto de la intervención. Ello configura una razón para descartar la nulidad así alegada, en virtud de la ausencia de interés para declararla con relación al imputado, en tanto la medida no estuvo dirigida a intervenir...

La intervención de las comunicaciones del imputado es un medio de prueba previsto expresamente por nuestra regulación procesal penal, que tiene como requisito sine qua non que sea adoptada por resolución fundada de un tribunal, bajo pena de nulidad (arts. 216 C.P.P.). Dicha exigencia deriva de la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones y del derecho a la intimidad, reconocidos a nivel con...

1. No resulta habitual que se lleve adelante una larga y extensa investigación como la presente, sin que en un tiempo que estimo pudo haber sido anterior, se hubiese realizado el acto formal de atribución delictiva para los hoy imputados, desde ya a través del decreto respectivo y que recién se lo haga, como aquí sucedió, al momento en que la investigación ya se encontraba avanzada (del voto de l...

En el marco de la investigación fiscal preparatoria quien tiene potestad para declarar el archivo de la causa o la desestimación de la denuncia es el fiscal de instrucción por decreto fundado. Nuestro código ritual no prevé, como sí lo hace para el caso del sobreseimiento, la posibilidad de declaración de oficio del archivo por parte del juez de control (confr. arts. 334, 348 C.P.P.). Corresponde ...

Es correcta la interpretación doctrinaria y jurisprudencial acerca de que la administración constituye un hecho global, lo que tiende, fundamentalmente, a evitar que se considere que entre los actos infieles o abusivos existe un concurso real. Esa interpretación, concretamente, evita que los actos llevados a cabo por un administrador sean vistos como independientes y, de ese modo, como multiplicad...

En los delitos continuados el curso de la prescripción recién comenzará cuando se ejecute el último hecho y no desde que la continuación delictiva haya dado comienzo (art. 63 C.P.). Esto es así, puesto que el delito continuado importa una cierta renovación de la delictuosidad. En los delitos continuados, aun cuando muchas de las acciones se hayan producido en vigencia de la ley 25.188, que no c...

Con relación a la interpretación que cabe atribuirle a la acción de apoderarse (propia del delito de robo) históricamente se han ensayado posiciones doctrinarias y jurisprudenciales antagónicas entre sí. La relevancia de demarcar el sentido y alcance de aquel vocablo no se agota en una discusión meramente teórica, sino que, por el contrario trae graves consecuencias prácticas, ya que según se adop...

Como es sabido, desde el relativamente reciente precedente “Nieto” de la Sala Penal del T.S.J. de la Provincia (A. Nº 310 del 11/11/08) este tribunal ha cambiado la interpretación acerca de las exigencias del art. 281 C.P.P., adoptando la posición del máximo tribunal al respecto. Ello por razones relativas a la gradación jerárquica del ejercicio jurisdiccional, en aras de evitar anarquía de criter...