Es impugnable en casación la resolución que confirma la elevación a juicio de la causa en contra de quien se desempeña como intendente o jefe comunal, en los casos en que el régimen legal aplicable importa para él el riesgo concreto de ser suspendido en el ejercicio de sus funciones. Así ocurre con lo dispuesto por el art. 112 de la ley 8102, que establece su suspensión de pleno derecho en los cas...

El consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba del art. 76 bis, 4º párrafo, C.P. Ello es así, pues el enunciado normativo que proclama el referido requisito, contiene una regla semánticamente autosuficiente, exenta de vaguedades o ambigüedades que lleven a confusión. De consiguiente, la gramaticalidad de la norma perjudica insanablemente una inte...

En los hechos vinculados con la ley de estupefacientes, la elección de la figura legal atendiendo a la relevancia que otorga a los fines de comercialización (a los que alude el art. 5°, 1er. párrafo, inc. c, ley 23.737), exige ponderar además de la cantidad de sustancia estupefaciente hallada, el contexto fáctico en que se produjo su secuestro (si se encontraba oculta, dónde estaba, la presencia e...

En virtud del principio de unicidad de los recursos, las resoluciones judiciales admiten un solo sendero impugnativo específico. Siendo el incidente de nulidad la única vía idónea para reprochar una presunta anomalía en el procedimiento -plasmada en un acto procesal anterior al dictado de la resolución- no puede pretenderse su revisión en un proceso distinto y por un mecanismo diverso, sea en prim...

La tasa de interés que se añade al capital en las condenas a pagar sumas de dinero, no tiene por objeto solamente neutralizar el deterioro que la inflación produce sobre el valor de la moneda, puesto que si así fuera no se podría hablar de interés moratorio en los sistemas de economía estable o de inflación mínima o nula. Por el contrario, esa tasa satisface otra finalidad, que es resarcir el daño...

La justicia federal es de carácter excepcional, estricta y limitada y su intervención está condicionada a la existencia de hechos que puedan perjudicar directa y efectivamente a la Nación y que ella no puede extenderse con fundamento en el poder de policía o de fiscalización que ejerce el Estado Nacional si no involucran la responsabilidad penal de sus funcionarios. En este contexto, la competenci...

El art. 2º de la ley 23.098 establece que la aplicación de esta ley corresponderá a los tribunales nacionales o provinciales, según el acto denunciado como lesivo emane de autoridad nacional o provincial. En el caso de interposición de una acción de habeas corpus correctivo colectivo, por el que se denuncian conductas ilícitas provenientes de un organismo público penitenciario perteneciente a la e...

Los internos alojados en establecimientos penitenciarios gozan del derecho a la visita, encaminado éste a respetar y optimizar el contacto con el mundo exterior de las personas que soportan una medida privativa de la libertad, fomentando el contacto personal y directo, mediante visitas periódicas con sus familiares, representantes legales y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e...

Para la regulación de honorarios se tienen en cuenta los valores en juego en el proceso judicial en el que ha intervenido el letrado solicitante. En el caso, la base regulatoria a tener en cuenta para la estimación de los honorarios profesionales, se encuentra dada por el activo a dividir incluidos los bienes gananciales (ley 8226, art. 49, hoy art. 51), no pudiendo ser incorporados los bienes don...

Si bien la documental ha sido incorporada tardíamente por parte de los sucesores, ello no obsta a que pueda ser valorada si su omisión importara una flagrante contradicción con la verdad jurídica objetiva. Si del rechazo o incorporación de tales constancias documentales pudiera eventualmente derivarse una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva respecto de un aspecto decisivo para la cor...