Las provincias han delegado al gobierno federal, entre otros, el poder de dictar la legislación penal sustantiva. En ese marco, la ejecución de la pena privativa de la libertad constituye ley de fondo y, por tanto, se encuentra naturalmente incorporada al Código Penal, puesto que no puede escindirse la pena de la manera en que ésta se cumple. Resulta irrazonable que todos los habitantes de la Naci...

La educación es reconocida por la ley penitenciaria, conforme lo establecido en distintos instrumentos internacionales (Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, arts. 77.1 y 77.2 y Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, art. 6º), como un derecho fundamental de la persona privada de su libertad, que debe ser garantizado a todos los internos y respecto de todos los nivele...

Las resoluciones de la C.S.J.N. deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas en esos preceptos en tanto configuran ...

El art. 64 del Código Civil y Comercial de la Nación (por el cual se permite que el hijo matrimonial lleve el primer apellido de alguno cualquiera de los cónyuges) guarda consonancia con el régimen constitucional y convencional de los derechos humanos....

Resulta inconstitucional el art. 121 inc. c de la ley 24.660, en cuanto manda retener un 25% de la remuneración que perciben los internos que desarrollan tareas laborales en la Unidad Penitenciaria, para costear los gastos que causaren en el establecimiento. En consecuencia, corresponde el cese de los descuentos que bajo ese título se efectúen en las retribuciones de los internos. Los montos q...

La legislación en materia penitenciaria (ley nacional 24.660, a la que adhirió nuestra Provincia mediante ley 8812, y la cual fue reglamentada posteriormente por el decreto 1293/00, modificado por el decreto 1000/07, hoy decreto 344/08) no ha regulado la remuneración que deben percibir aquellos internos que trabajen en una jornada a tiempo parcial. Es que el art. 120 de la ley 24.660 al remitir al...

La oferta razonable del imputado de reparar el daño causado en la medida de sus posibilidades como requisito de procedencia de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, 3er. párr. C.P.), es una de las manifestaciones del cambio de paradigma de la justicia penal que, en lugar de la tradicional respuesta consistente en que la acción penal se agota en una sentencia que para el caso de condena i...

El consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba del art. 76 bis, 4º párrafo, a condición que se encuentre debidamente fundado. El tribunal se halla autorizado a prescindir de dicho consentimiento cuando el dictamen fiscal no satisfaga la exigencia de debida fundamentación, por resultar ésta palmariamente irrazonable o carecer el pronunciamiento...

Teleológicamente, se advierten similitudes entre la exclusión de los funcionarios para la suspensión del juicio a prueba o probation, como la causal de suspensión de la prescripción mientras dure el desempeño de un cargo público, ya que ambas se vinculan con la suspensión de la acción penal. Ello es así por cuanto, en aras de la transparencia estatal, ambas confluyen en un régimen más severo para ...

Las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal no satisfacen, por regla, la calidad de sentencia definitiva, ni resultan equiparables a ella pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación. En principio, no es impugnable en casación, la resolución que confirma la elevación de la causa a juicio. Sin embargo, se ha hecho excepción a esta regla cu...