En la acción de amparo, la normativa aplicable sólo establece el mínimo a regular (conf. art. 36 ley 21.839) sin que surjan de tal legislación parámetros o reglas especiales para la determinación de los estipendios profesionales en tales procesos (del voto del Dr. Aliaga Yofre). En materia de honorarios en acciones de amparo, existe un doble marco de análisis. De un costado el establecido en l...

La acción de amparo, a la que puede equipararse la acción declarativa de certeza, en cuanto se refieren a situaciones contempladas en el art. 1º de la ley 25.587, aparecen como procedimientos que a priori carecen de contenido patrimonial por resultar procesos de carácter declarativo cuyo objeto central trasciende en la declaración de inconstitucionalidad de la llamada legislación de emergencia (de...

La notificación tácita es un medio de notificación indirecta que opera sin un acto real de transmisión. Su ratio juris de encuentra en la circunstancia de que no debe tolerarse la pretensión de que existan desconocimientos cuando la realidad hace presumir lo contrario. Cuando en el Libro de Préstamos de Expedientes se hizo constar que el retiro era a los fines de evacuar un traslado, la eficaci...

Si bien es cierto que de acuerdo con la literalidad de las normas procesales sólo el “apoderado o patrocinante” estarían habilitados para retirar el expediente, y así provocar la notificación tácita a que alude el art. 151 C.P.C.C., esto así no cabría otra solución que no tener por configurada la comunicación ficta si los obrados son retirados por un sujeto distinto a los habilitados legalmente. S...

La sentenciadora, pese a reconocer que la A.R.T. debe responder en el marco de la ley 24.557, la condenó solidariamente con la empleadora porque no dio cumplimiento a las obligaciones que dicho régimen le imponía -arts. 4º incs. 2 y 4; 31.1, inc. a) L.R.T. y 18 decr. 170/96- encuadrando su conducta omisiva en las disposiciones del art. 1074 C.C. El art. 39, en su primer inciso...

El fundamento que el tribunal expuso a fin de decidir la imposición de costas que causa agravio no encuentra respaldo en las circunstancias de la causa. Es que el juzgador omitió considerar el contexto fáctico en que se produjo la citación de la aseguradora de riesgos del trabajo: pese a que el reclamo incoado se sustentó en normas del derecho común, la de...

La sala a quo alineada en la jurisprudencia mayoritaria que se inclina frente a la riña en el ámbito laboral por la máxima sanción sólo al agresor, decidió admitir el reclamo por despido de la otra actora. Con relación a ella había quedado probado que fue la embestida verbal y físicamente. Sin embargo, la plataforma fáctica que ...

El fundamento de la calificante del robo por su comisión en despoblado reside en la mayor facilidad para cometer el delito y en la superior dificultad para obtener un auxilio oportuno de la autoridad o de terceros. Se ha señalado en ese sentido que -como considera Ricardo C. Núñez- el concepto debe integrarse con un criterio absoluto que exige que el hecho ocurra fuera ...

El principio de libertad probatoria consagrado por el art. 192 C.P.P. implica que todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba salvo las excepciones previstas por las leyes. Por consiguiente, dado que las leyes no contemplan excepción alguna en relación con los medios de prueba que pueden emplearse para ...

El juzgador, previamente enrolarse en la interpretación de que la solidaridad del art. 30 L.C.T. está impuesta a las empresas que, teniendo una actividad propia normal y específica, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí, en todo o en parte, sino encargar a otra la realización de la que hace a su objeto social, concluyó que existía so...