La normativa que regula la obligación de aportar a la Caja de Abogados, toma como base a los fines de la contribución el monto de la demanda (art. 17 inc. a ley 8404, t.o. ley 6468) base que también es tomada como punto de referencia a los fines de las regulaciones de honorarios, ello sin poner en discusión la diferente finalidad del aporte que deben realizar los profesionales en actividad a las c...

Si bien el aporte a la Caja y los honorarios profesionales tienen en la mira propósitos diferentes, en ambos se encuentra el principio rector del “monto de la demanda”, traducido en el lenguaje de la ley concursal a activo concursal con el límite establecido sobre el pasivo, conjugándose de esa manera las dos variables fundamentales que definen la suerte de los procesos concursales: activo y pasiv...

La ley impositiva provincial 8655, modificada por el decreto de agosto de 1999, disminuye la alícuota al 2% del valor del juicio (porcentaje mantenido por la vigente ley, art. 77 inc. 1, ley 8898/01) morigerando sensiblemente la presión contributiva respecto de la ley en vigencia al momento de presentar el concurso y establece -específicamente para los juicios concursales, a los fines de la determ...

El rechazo de la apertura del concurso preventivo, debe ser adoptado con criterio restrictivo para no perjudicar al peticionario, ni a los acreedores de éste, con lo que se busca la razonable evaluación de la forma en que ha sido cumplido cada uno de dichos recaudos legales, pero de manera alguna importa soslayar o evitar los efectos derivados de la total omisión de algunos de éstos....

Los estados patrimoniales que no reflejan la gestión de la empresa, ni han sido confeccionados en tiempo propio, sino que por el contrario han sido construidos a los efectos de intentar cumplimentar con los requisitos formales para la apertura del concurso preventivo, no pueden reputarse idóneos para brindar a los acreedores un acabado conocimiento de la evolución y estado de la empresa antes de d...

Quien pretende beneficiarse con la solución preventiva debe cumplimentar acabada y correctamente todos y cada uno de los requisitos estatuidos por el art. 11 de la ley 24.522 y la mera omisión de algunos de ellos acarrea, sin más, el rechazo in limine de la demanda de concurso preventivo (art. 13 ley 24.522.) Sin embargo, ya desde la vigencia de la ley anterior, la jurisprudencia se encargó de mo...

En el procedimiento colectivo del concurso preventivo, la publicación de edictos llamando a los acreedores tiene el carácter de un verdadero emplazamiento que resulta esencial a los efectos del conocimiento de acreedores y terceros de la iniciación del procedimiento ejecutivo colectivo, siendo la comunicación individual que determina el art. 29 de la ley 24.522 un medio de información que se agreg...

La publicación de edictos tiene la virtualidad de producir erga omnes presunción de conocimiento sin que el concursado, los terceros o cualquier acreedor pueda desvirtuarla. De allí la grave sanción prevista en el art. 30 de la ley 24.522 por su incumplimiento, que responde a la necesidad de que se tome a la brevedad y erga omnes conocimiento del estado de convocatoria del deudor, celeridad que pr...

Prueba indiscutible de la cabal importancia que la ley asigna a la publicación de edictos es la sanción que impone frente a la omisión de publicación en término. En ese marco, la única opción consiste en la aplicación aun ex officio de la sanción: el desistimiento de la convocatoria (art. 30 ley 24.522). No hay excesivo rigor formal en el pronunciamiento que, frente a la ausencia de publicación d...

Si al momento de otorgar la escritura hipotecaria el fallido reconoció expresamente haber recibido el valor del mutuo y acordó con el mutuario asegurar su cumplimiento mediante la garantía real, suscribiéndose a tal efecto la escritura respectiva, significa que el propio mutuario hipotecante dejó constancia de haber recibido el dinero objeto del mutuo con anterioridad; tal manifestación excluye...