Tratándose de la ejecución de la sentencia de condena, es el propio ejecutado quien debe soportar dichas costas en razón de haber sido su actitud reticente en afrontar el pago de los honorarios de los ejecutantes la que determinó a éstos a solicitar la traba de medidas cautelares en garantía de sus acreencias....

Con respecto a las costas, rige en esta cuestión el principio general establecido por el art. 824 C.P.C.C. según el cual, en la etapa de ejecución de sentencia, las costas que se ocasionen en las diligencias, serán a cargo del que haya sido condenado en la sentencia de cuya ejecución se trate. No obstante dicho principio general, en cuanto hace al específico tema de las labores tendientes al leva...

En el juicio ejecutivo sólo puede considerarse tramitación total si se hubieran opuesto excepciones, lo que no ocurrió, por lo que en una correcta interpretación sistemática de la ley arancelaria, resulta de aplicación la reducción prevista por el art. 81 al mínimo previsto por el art. 36 para este tipo de proceso y regularse la suma equivalente a seis jus, ley 9459 (del voto de la mayoría, Dr. Sá...

En un juicio ejecutivo, la liquidez de la deuda es un elemento que no puede encontrarse ausente y por ello es que rige plenamente la directiva del art. 36 C.A. La salvedad de inexistencia de base no puede verificarse desde que la liquidez es condición del título. En el juicio ejecutivo, siempre debe realizarse la regulación de honorarios (del voto de la mayoría, Dr. Arrambide). El último párraf...

El art. 36 ley 9459 dispone que en los juicios ejecutivos, en ningún caso los honorarios del profesional podrán ser inferiores a 10 jus por la tramitación total en primera instancia. Una adecuada interpretación jurídica de la norma en cuestión lleva a afirmar que ese mínimo es inamovible en todo proceso ejecutivo; y no es posible aplicar la reducción contenida por el art. 81 C.A. que reduce los ho...

El trabajo de los abogados, debe ser valorado dentro del marco adecuado, su retribución no sólo debe ser justa (art. 14 bis C.N.) sino que ha de estimarse con prudente cautela todo lo que pueda llevar a cercenarla sin un claro e indubitable conocimiento de las circunstancias (del voto del Dr. Tinti). El contrato de servicios profesionales, no obstante las discrepancias doctrinarias existentes ...

La Constitución Nacional consagra el principio de remuneración adecuada con la finalidad de amparar tanto a las partes como a los profesionales. Bajo esa tesitura el legislador local se ocupó de garantizar a los profesionales de la abogacía un mínimo de retribución por los servicios prestados, los que difieren de acuerdo con el proceso de que se trate en función de la labor que involucra cada uno ...

El art. 36 in fine ley 9459 carece de razonabilidad y, por tanto, implica un atropello injustificado al derecho a una retribución digna, en tanto dispone un gaje por debajo del mínimo ante circunstancias genéricas como lo son, el monto de la liquidación y que el obligado al pago sea una persona física, sin siquiera tener en cuenta las particulares condiciones de los litigantes, ni la tarea despleg...

En el juicio ejecutivo el allanamiento tiene el mismo efecto que la no oposición de excepciones, en cuanto permite pasar directamente a la sentencia obviando la sustanciación del proceso. Y es la propia ley la que establece que en caso de allanamiento los honorarios se regulan “teniendo en cuenta las etapas procesales cumplidas” (art. 43 L.A.), descartando la posibilidad de calificar como “tramita...

Al no haberse opuesto excepciones, el honorario del juicio ejecutivo se reduce en un 60%, según la regla del art. 81 C.A., lo que indica que debe fijarse la suma correspondiente en la de seis jus....