Estamos en presencia de una acción constitucional (art. 43 C.N.) encaminada a descalificar el ejercicio del poder de policía financiero y bancario por parte del Estado nacional o de sus organismos dependientes del Poder Ejecutivo y/o el BCRA, alegándose un ejercicio irrazonable de éste, con flagrante violación al derecho de propiedad. El marco de conocimiento que permite la acción de amparo, se ha...

Corresponde declarar la inconstitucio-nalidad del sistema implementado a partir del decr. 1570/01, de restricción a la libre disponibilidad de los depósitos bancarios y sobre las normas posteriores que, devaluación y pesificación mediante, agravaron sensiblemente la situación de los ahorristas....

Es de la esencia de la emergencia el hecho de consistir en una situación excepcional y transitoria. Sin embargo, no puede predicarse que esa característica haya tipificado la emergencia económica instaurada en nuestro país. Los llamados «estados de emergencia económica» han pasado a ser la regla y la normalidad la excepción, quebrando de este modo el recto orden constitucional....

El Estado nacional, desconociendo en forma absoluta el texto expreso de la ley 25.466 que declaró la intangibilidad de los depósitos bancarios, y quebrando por completo el principio de confianza legítima res-pecto de los ciudadanos, implantó el consabido «corralito», pese a que incluso la ley de intangibilidad no fue dictada en el marco de una situación económica floreciente, sino que -por el cont...

La normativa impugnada, de restricción a los depósitos bancarios, ha mutado la sustancia o esencia del derecho adquirido por el ahorrista, a partir de la imposición de dinero en una cuenta o a la vista o a plazo fijo. Lo que comenzó como una anunciada restricción por el plazo de noventa días, terminó siendo un verdadero despojo, fruto de una conversión coercitiva y sustancial del negocio jurídico....

Resulta inconstitucional la modifi-cación a la ley de procedimiento fiscal 11.683, introducida por el art. 18, incs. 5 y 7 ley 25.239, por cuanto afecta decididamente el principio republicano de división de poderes, desde que ha asignado al poder administrador claras facultades jurisdiccionales, al punto tal que es difícil y complejo dirimir quién, en definitiva, es el titular del ejercicio juris...

Las disposiciones de la ley 25.239 que modifican el procedimiento fiscal, implican un claro agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso. La figura del juez como «tercero imparcial» existente en todo proceso, aquí brilla por su ausencia, el organismo fiscal se convierte en juez «director del proceso» y parte a la vez. No es suficiente que el magistrado interven...

De conformidad con la ley 25.239, es el agente fiscal, y no el juez, quien está facultado para librar bajo su sola firma, mandamiento de intimación de pago y embargo; asimismo, debe trabar las medidas precautorias correspondientes, debe expedir -el agente fiscal, no el magistrado «asignado»-, un oficio, que tendrá el mismo valor de una requisitoria y orden judicial. En el caso que el demandado no ...

La disposición de la ley 25.239, modificatoria del proceso de ejecución fiscal, que omite el dictado de la sentencia, se encuentra en flagrante contradicción con lo dispuesto por el art. 17 C.N. Los acreedores tienen derecho a cobrarse la deuda ejecutando los bienes pertenecientes al deudor. Pero dicha ejecución debe ser el resultado de un proceso justo y su consecuente resolución o sentencia, don...

Resulta manifiesta la falta de legitimación procesal activa de la asociación civil «Mujeres por la Vida» (Filial Córdoba) para promover la acción de amparo invocando derechos de incidencia colectiva o intereses difusos colectivos en nombre de toda la sociedad argentina, aun cuando se tenga en cuenta el indiscutible objeto social de la entidad civil....