Los colegios profesionales constituyen una asociación destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y que éste por delegación administrativa circunstanciada normativa-mente, transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los asociados. Con el objetivo de materializar su participación, el Estado por medio de...

El colegio profesional actúa no sólo en resguardo de sus intereses sectoriales particulares, sino que esencialmente despliega en nombre del Estado una función pública inexcusable que lo convierte en el primer guardián del correcto ejercicio de la profesión. En realidad, al Estado no le preocupan todos los intereses comunes de sus asociados sino sólo los que en general se relacionan con la represe...

El control de constitucionalidad difuso de que están investidos todos los jueces de la Nación, no comprende la facultad de sustituir a los órganos de gobierno en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad, mérito o conveniencia. Todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio, excluido de la revisi...

En el marco de las atribuciones legalmente otorgadas, la norma contenida en el art. 75 de la ley 5805 faculta a dicho órgano a suspender preventivamente en la matrícula a aquel profesional que hubiera sido procesado, si los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso demostraren la inconveniencia de su ejercicio profesional. El uso de esta facultad importa indudablemente actividad adm...

Se trata de una medida de carácter precautorio (art. 75 ley 5805) y no de una sanción. El art. 73 de la misma norma taxativamente prevé como supuestos de cancelación de la matrícula la acumulación de tres o más sanciones suspensivas de las previstas en el art. 72 inc. 3 o la condena por delito de acción pública con intención criminal. No cabe confundir estas figuras, puesto que si bien ambas suspe...

Una persona puede ser el titular de la pretensión pero fracasar porque no prueba los daños. A la inversa, también si prueba los daños pero no la titularidad. Pero en esta segunda hipótesis a condición de que esa titularidad le haya sido negada expresamente, sin perjuicio de la acreditación o no de los daños.\nLa coincidencia entre porcentaje ...

Son requisitos propios de las medidas cautelares la acreditación de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La verosimilitud del derecho es exigencia previa, para que consecuentemente sea verosímil el peligro. Si uno de los amparistas tiene 75 años de edad, circunstancia por la cual está exceptuado del régimen de reprogramación de depósitos de acuerdo a las Comunicaciones «A» 3446...

Resulta razonable la pretensión del amparista relacionada con la autorización de retiro mensual de cierta cantidad de dólares estadounidenses si se encuentra acreditado el peligro en la demora, y justificada la cautelar en razones alimentarias, humanitarias y de edad, hasta tanto se resuelva la acción deducida en autos....

\r\nSi bien es cierto la responsabilidad civil de los bancos -en el caso por la inhabilitación injustificada de un cuentacorrentista- debe apreciarse con parámetros más rigurosos que los aplicables a un neófito, puesto que se trata de comerciantes profesionales con un alto grado de especialización, colectores de fondos públicos y con una superioridad técnica sobre sus clientes, no lo es menos que ...

Corresponde el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa si la acción de daños y perjuicios intentada por el actor no tiene carácter real ni se basa en el derecho de propiedad sobre el automóvil, ya que la titularidad de la acción la tiene el simple usuario....