La Provincia deberá indemnizar a los padres de una joven asesinada por su exesposo

La Cámara 5º en lo Civil y Comercial consideró que, pese
a las denuncias, la Policía no adoptó las medidas necesarias para evitar hechos
de violencia contra la mujer
El Estado provincial deberá indemnizar con 113.067 pesos
(100.000 pesos de ellos en concepto de daño moral) a los padres de una joven de
19 años que, junto a su bebé de un año, fue asesinada por su exesposo, en
diciembre de 2000. La Cámara en lo Civil y Comercial de 5º Nominación de la
ciudad de Córdoba concluyó que la Policía no adoptó las medidas de seguridad
exigidas por los tratados internacionales para evitar hechos de violencia
contra la mujer, pese a las reiteradas denuncias previas que la mujer había
formalizado contra su marido.
Asimismo, el tribunal pidió al Estado que, dada la
gravedad del caso, pague la suma a la que fue condenado "en forma y voluntaria,
sin que deba procederse a la ejecución forzada de la sentencia" y, menos aún,
que pueda invocarse como causal de la demora "ni la consolidación (de deudas)
ni leyes de emergencia".
En su voto, la camarista Claudia Zalazar esgrimió que "el
Estado tiene un deber de diligencia reforzado que lo coloca en una posición de
garante ante el riego de violencia basada en el género", lo que lo obliga a
examinar "los factores de previsibilidad y evitabilidad" de ciertos hechos. "No
se trata de atribuir responsabilidad estatal frente a cualquier violación de
derechos humanos cometida entre particulares. El deber del Estado de adoptar
medidas de prevención y protección está condicionado, según la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el conocimiento de una situación
de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado
y por la posibilidad razonable de prevenir y evitar ese riesgo", acotó.
De acuerdo con la camarista y en virtud de la "doctrina
del riesgo previsible y evitable", el Estado provincial "no ha cumplimentado
esa obligación reforzada tomando las medidas que eran necesarias ante el riego
particularizado denunciado por María Belén Quiñones a los fines de prevenir y
evitar el desenlace fatal".
La vocal recalcó que, aunque cuando ocurrió el asesinato
de Quiñoñes aún no había sido sancionada en Córdoba la Ley 9283 (de Violencia
Familiar, 2006), sobre el Estado pesaba el deber de adoptar "medidas tendientes
a la prevención, sanción y eliminación de hechos de violencia ocurridos en el
marco de la vida familiar". Esto, en en virtud de las leyes nacionales Nº 24417
y 24632 (por la que la Argentina se adhirió a Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como
"Convención de Belem do Pará").
La magistrada tuvo por acredita las "reiteradas
exposiciones y denuncias" que, con anterioridad al hecho, Quiñones había
efectuado respecto de su esposo, Ariel Alejandro Chávez (entonces tenía 26
años). "Los antecedentes psicológicos y penales del causante directo del daño
(Chávez) nos autorizan a concluir que, en este caso concreto, previo al
acaecimiento de los crímenes, ha existido un cierto grado de previsibilidad de
los hechos que el sistema estatal y sus funcionarios no debieron ignorar, y que
en definitiva han llegado a contribuir causalmente en la concreción del daño
cuya indemnización se pretende", enfatizó la vocal, a cuyo voto se adhirieron
sus pares (Rafael Aranda y Joaquín Ferrer).
Preocupación por casos de violencia familiar
Los vocales reconocieron que, en la actualidad, resulta
"materialmente imposible el control particularizado de cada denuncia por
violencia familiar". No obstante, instaron a "poner mayor énfasis investigativo
en casos cuyas circunstancias hacen presumir la gravedad de la cuestión". "Si
el Estado proporciona idéntico tratamiento deficitario a todas las denuncias
originadas en acontecimientos de violencia familiar, podría generar mayores
riesgos para aquellas personas que acuden al sistema en busca de protección, ya
que se encontraría en evidencia frente a sus agresores", advirtieron.
Finalmente, los vocales exhortaron a la Provincia a que,
en casos como este, "pague en forma inmediata y voluntaria". "Cuando se
encuentran plenamente controvertidas las garantías que debe brindar el Estado y
el estado de vulnerabilidad de sus ciudadanos, la conducta del Estado debe ser
ejemplificadora y buscar de algún modo paliar los sufrimientos que el hecho
lesivo ha provocado a los actores", subrayaron.
La causa había llegado a la Cámara a raíz del recurso de
apelación planteado por los padres de la víctima (Renato Quiñones y Violeta
Catalina Ligorria) contra la sentencia del Juzgado de 35º Nominación del mismo
fuero, que había rechazado la demanda y que, por ende, ahora fue revocada.
SENTENCIA: https://www.sendspace.com/file/mda0ar