La debilidad jurídicamente reconocida como fundamento de la tutela brindada al consumidor, tiene sus raíces en una innegable realidad desencadenada a partir del fenómeno de la contratación en masa, en donde la aplicación de los clásicos principios liberales del derecho privado, apoyados en la omnipotencia de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, resultan insuficientes en razón ...

En las relaciones de consumo, debe valorarse la conducta de ambos polos de la relación contractual con distintos parámetros, manteniendo como principio axial el deber de buena fe con que ellas deben actuar. Este deber de obrar con buena fe se agrava cuando entran en relación partes con diferente capacidad negocial, ya sea por la profesionalidad de uno, o por la ignorancia de otro frente a temas qu...

El art. 902 C.C. sanciona una preciosa regla de conducta al imponer mayor previsibilidad que la ordinaria a aquellos sujetos a quienes la sociedad ha otorgado deberes de seguridad en virtud de las funciones asistenciales que cumplen; esta previsibilidad autoriza a establecer grados en la relación de causalidad, otorgándole un mayor poder causal denominado ?super-causal?; cuando se trata de hechos ...

El art. 979 C.C. establece que son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos los instrumentos que extendieren los funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado. El ?certificado de desguace y destrucción? firmado y sellado por las autoridades respectivas dentro de sus atribuciones, reviste el carácter de instrumento público, y la contraposición de dicho instrument...

La raigambre constitucional de la libertad personal, determina que las medidas de coerción que la limitan durante el proceso, son siempre provisorias y por ello revisables. De allí que conforme con el art. 269 C.P.P., no haya preclusión para discutir la legalidad de la medida de coerción, dado que por su provisoriedad siempre será revisable; como tampoco la falta...

La prueba sobre la existencia del hecho y las circunstancias que permiten inferir el riesgo procesal son condiciones que deben concurrir simultáneamente para la justificación de la coerción, debiendo la fundamentación del pronunciamiento que dispone la medida, proyectarse en forma autónoma con relación a cada uno de ellos....

La correlación existente entre el pronóstico punitivo hipotético y la procedencia de la prisión preventiva (art. 281 inc. 1 C.P.P.) encuentra fundamento sólido en el principio de proporcionalidad que debe existir entre la pena que se espera de una condena eventual y los medios de coerción aplicables durante el procedimiento, de tal modo que no se concibe e...

La causal de prisión preventiva prevista en el art. 281 inc. 1 C.P.P. consagra la presunción iuris tantum del legislador de que el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite. Pero esta sospecha puede ser neutralizada cuando se presentan con-diciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un deli...

Las decisiones que antes del fallo final de la causa mantienen una medida de coerción se consideran equiparables a una sentencia definitiva y -por ende- son impugnables en casación. Ello así, por cuanto pueden irrogar agravios de irreparable reparación posterior dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de i...

La raigambre constitucional de la libertad personal, determina que las medidas de coerción que la limitan durante el proceso, son siempre provisorias y por ello revisables. De allí que conforme con el art. 269 C.P.P., no haya preclusión para discutir la legalidad de la medida de coerción, dado que por su provisoriedad siempre será revisable; como tampoco la falta...