La legislación referente a la pesificación de los depósitos bancarios, no comprende las relaciones jurídicas creadas por los denominados “depósitos judiciales” (del voto de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni). El estatuto de poder diseñado por la Constitución establece un área de reserva para los jueces y uno de sus aspectos es el juzgamiento sobre el destino de los bienes litigiosos. Los otros ...

La administración y disposición de fondos en los procesos judiciales implica el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces, razón por la cual esos depósitos están exceptuados de las medidas económicas de los regímenes de emergencia (del voto del Dr. Fayt). No es posible válidamente alterar la sustancia de los bienes cuya custodia se le confió al depositario judicial, en el caso u...

La emergencia no crea poderes inexistentes y su ejercicio debe ajustarse a los límites que señala la Carta Magna cuando protege la propiedad, el contrato y la división de poderes (del voto de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni)....

En todas las hipótesis de unificación previstas por el art. 58 C.P., la ley ha querido asegurar la aplicación de las reglas del concurso de delitos establecidas en los arts. 55 a 57, aun a expensas de la cosa juzgada, desde que expresamente autoriza a unificar penas impuestas en ?sentencias firmes?. La sentencia unificadora no podrá ?... alterar las declaraciones de hec...

Para que la pluralidad de hechos se encuadre como delito continuado se deben acreditar exigencias objetivas y subjetivas que muestren la dependencia entre todos ellos. El delito continuado requiere: a) la homogeneidad material, lo que significa identidad de encuadre legal sin mutaciones esenciales en la modalidad concreta comisiva, como también la conexión entre los hechos (que se presentan como p...

El delito de desbaratamiento de derechos acordados (art. 173 inc. 11 C.P.) tutela la intangibilidad cuantitativa del patrimonio. La noción de desbaratar -contenida en el art. 173 inc. 11 C.P.- consiste en tornar imposible, incierto o litigioso, el derecho otorgado sobre un bien o el cumplimiento de una obligación referente a él, por medio de los actos jurídicos o de los hechos enumerados en la ...

La existencia de un proceso penal pendiente en contra del imputado, que pudiere culminar en una condena por un delito interruptivo, impide al órgano jurisdiccional declarar la prescripción. Ello, debido a que se corre el riesgo de que existan sentencias contradictorias entre sí (es decir, una que declare prescripta la acción penal y otra que -decidiendo sobre la comisión de otro delito posterior- ...

La acción de daño temido contenida en el art. 2499, 2° párrafo, C.C., es una acción preventiva y cautelar. Tiene como finalidad la realización de todas aquellas medidas necesarias para evitar la producción de un daño cierto y previsible. No procede en caso de que el potencial daño sea abstracto, sino que debe existir la posibilidad concreta de su producción futura; por lo tanto, acreditada la inoc...

La procedencia de la acción de daño temido exige una situación de riesgo o peligro objetivamente apreciable, pues no cualquier temor subjetivo resulta fundamento para una resolución de condena. Debe existir una obra nueva y producto de dicha construcción la potencialidad de un perjuicio de carácter concreto y cierto de suficiente envergadura que justifique una acción preventiva. El interdicto ...

El principio precautorio, rector del derecho ambiental, rompe con la doctrina tradicional enmarcada en la existencia de un daño cierto y concreto para motivar la actuación judicial. El principio precautorio se basa en la prevención de riesgos sobre la base de antecedentes razonables, aun cuando no exista la prueba o la certeza absoluta del daño, y ello no constituya razón para postergar la ado...