Frente a la normativa nacional de orden público y la naturaleza de los derechos de las comunidades indígenas, que gozan de una especial tutela en la Constitución Nacional y cuya protección ha asumido nuestro país en sede internacional, corresponde habilitar la vía contencioso administrativa a los fines de determinar si los actos administrativos enjuiciados se ajustan al ordenamiento vigente o si, ...

La ley 26.160 tiene directa incidencia tanto en procesos judiciales de diversa índole, como en procedimientos administrativos cuyo objeto sea el “desalojo” o “desocupación” de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas del país, por lo que su aplicación excede las cuestiones que deben resolverse aplicando exclusivamente normas del derecho privado. La acción contencioso ...

El derecho de las comunidades indígenas a participar en la gestión de sus recursos naturales (arts. 75 inc. 17 C.N. y 6º, 15 y 17 del Convenio 169 de la O.I.T.) incluye el derecho de consulta, que implica el deber que tiene el Estado de consultarlas toda vez que se pretendan adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole que puedan afectarlas....

La obligación de seguridad es aquella que impone al proveedor el deber de preservar la indemnidad de la persona y bienes de los consumidores y usuarios en la relación. Si se produjera una lesión a un consumidor en un centro comercial, el incumplimiento de la obligación de seguridad, concomitante con el principio alterum non ladere que fundamenta la responsabilidad aquiliana, se expresa en una l...

En los supuestos en que se hace lugar parcialmente a la demanda, debe reputarse –en principio– que el vencimiento es parcial y mutuo, ya que ninguna de las partes ha logrado ver satisfechos íntegramente sus planteos judiciales. Cobra aplicación el precepto del art. 132 C.P.C.C. que dispone expresamente que “las costas se impondrán prudencialmente en relación el éxito obtenido por cada una de ellas...

Existe una seria y profunda demanda política y social en materia de corrupción, como consecuencia de sus graves y penosos efectos. Es que la corrupción, en tanto deslealtad o infidelidad ante los deberes posicionales que imponen los sistemas de reglas respectivos a quienes ostentan cargos o cumplen funciones vinculadas con intereses colectivos, sacrifican al bien común orientando el comportamiento...

El incidente de nulidad de un acto procesal debe plantearse dentro de los cinco días contados desde el momento en que por cualquier vía el incidentista tuvo, pudo o debió tener conocimiento del vicio (art. 78 C.P.C.C.), caso contrario queda convalidado, precluyendo la posibilidad de objetarlo. Ello hace a la regularidad del proceso, vinculado con el derecho de defensa, que se vería afectado si en ...

Los actos viciados, o supuestamente viciados, se consolida si no se los ataca en tiempo hábil. La convalidación se apoya en el principio de que frente a la necesidad de obtener actos válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho. El incumplimiento de la carga de acompañar las copias conforme los arts. 85 y 170 C.P.C.C. no acar...

A los fines de preservar el debido proceso, autorizada doctrina recomienda que, siempre que se advierta la inexistencia de un riesgo de frustración de la finalidad del instituto cautelar, se disponga una previa sustanciación con la finalidad de poner a resguardo el derecho de defensa de la parte contra quien la petición se introduce. La doctrina se ha expedido sobradamente en relación con la f...

Habiendo el interesado participado personalmente en el acuerdo transaccional presentado al tribunal, el monto allí fijado y actualizado, constituye la base regulatoria a los efectos de la regulación de los honorarios por los trabajos realizados en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 29 de la ley 8226, hoy art. 31 (inc. 3) de la ley 9459. Demandar más de lo debido en base a un y...