Los órganos judiciales encargados de la investigación de los delitos tienen el deber de dictar medidas cautelares, como la detención o la prisión preventiva, cuando concurren las condiciones que marca la ley procesal penal. Ordenada la detención, puede ocurrir que en el devenir de la investigación no se logre el grado de convicción requerido para sostener como probable culpable al imputado, y se p...

\r\nLa detención es en principio un actuar lícito de los órganos del Estado encargados de la investigación de los delitos....

\r\nLa incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional ya no debería dar lugar a discrepancias sobre la reparación de daños causados por la dilación indebida de los procedimientos seguidos con el imputado bajo prisión preventiva....

En estos últimos años, la C.S.J.N. se muestra más flexible en la verificación de esa arbitrariedad o error inexcusable.en reciente prenunciamiento ha indicado que "la indemnizacion por la pivacion de la libertad durante el proceso penal no debe ser reconocida automaticamente a consecuencia de la absolucion si no solo cuando el auto de prision preventiva se revela como incuestionablemente infu...

\r\nEl Tribunal Superior de Justicia se ha ajustado a esta interpretación y ha sostenido que "si la medida de coerción personal fue dispuesta por juez competente, mediante orden escrita fundada por un delito de acción pública reprimido con pena privativa de la libertad que la autoriza ?dentro del espectro de posibilidades que la propia ley procesal acordaba al instructor-, con sustento en el...

\r\nDe no ser arbitraria o infundada la resolución que dispone la detención o la prisión preventiva, el acto judicial es lícito y, por ende, falta el presupuesto de la antijuridicidad, resultando, en definitiva, la imposibilidad de atribuir responsabilidad civil al Estado. Cuando la resolución que dispone la detención se muestre evidentemente infundada o arbitraria, el acto se torna antijurídico y...

No hay un error inexcusable en la orden de detención que posibilite la atribución de responsabilidad civil del Estado, pues no concurre el requisito de la antijuridicidad. Al no ser arbitraria o infundada la detención, el acto judicial que la dispuso no es antijurídico, por ende, no puede dar lugar al deber de resarcir del Estado. Es improcedente indemnizar a los actores por la privación de su lib...

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se ha ajustado a esta interpretación y ha sostenido que "si la medida de coerción personal fue dispuesta por juez competente, mediante orden escrita fundada por un delito de acción pública reprimido con pena privativa de la libertad que la autoriza ?dentro del espectro de posibilidades que la propia ley procesal acordaba al instructor-, con sustento...

De no ser arbitraria o infundada la resolución que dispone la detención o la prisión preventiva, el acto judicial es lícito y, por ende, falta el presupuesto de la antijuridicidad, resultando, en definitiva, la imposibilidad de atribuir responsabilidad civil al Estado. Cuando la resolución que dispone la detención se muestre evidente-mente infundada o arbitraria, el acto se torna antijurídico y, p...

No hay un error inexcusable en la orden de detención que posibilite la atribución de responsabilidad civil del Estado, pues no concurre el requisito de la antijuridicidad. Al no ser arbitraria o infundada la detención, el acto judicial que la dispuso no es antijurídico, por ende, no puede dar lugar al deber de resarcir del Estado. Es improcedente indemnizar a los actores por la privación de su lib...