Es descalificable la sentencia que al confirmar una resolución, omitió dar intervención al ministerio pupilar para que ejerciera la representación promiscua a pesar de que dicha resolución comprometía en forma directa los intereses de la menor, lo que implica desconocer el alto cometido que la ley le ha asignado a dicho ministerio, y no sólo menoscaba la función institucional sino que acarrea la i...

Corresponde valorar la declaración testimonial de quien fue representante legal de la demandada y que fuera ofrecido como testigo por dicha parte, Según las propias manifestaciones de éste en la audiencia de debate, cuando fue propuesto como testigo aún era representante de la demandada. De lo reseñado, se afirma que se ha participado en la causa en un doble carácter: como parte -apoderado- y como...

Cabe determinar la procedencia del despido indirecto del actor encontrándose en el período de conservación del empleo. Del intercambio epistolar se concluye que la demandada debió poner a disposición del actor la totalidad de los medios económicos o técnicos necesarios para que se practique el estudio médico y no cargar al trabajador con el costo para su realización. El trabajador no formuló oposi...

Si la tacha de inconstitucionalidad del art. 236 C.C. fue introducida luego de que las partes celebraran la primera audiencia prevista por dicha norma y se notificaran de la fecha de recepción de la segunda, tal accionar contraviene la teoría de los actos propios que impide a un sujeto colocarse en un proceso judicial en contradicción con su anterior conducta, para de tal modo impedir el obrar inc...

La autonomía legislativa para dictar normas del derecho laboral, adquiere perfiles propios cuando se trata de un Estado federal como la República Argentina, que ha efectuado en la Constitución Nacional un reparto de atribuciones entre los diferentes niveles de gobierno, frente al cual, la materia referida al empleo público constituye una típica reserva legislativa de poderes no delegados por los g...

Si bien las normas contenidas en el Convenio Nº 87 de la O.I.T. se aplican a “todos” los trabajadores “sin ninguna distinción” y, por consiguiente, amparan a los empleados del Estado, admiten una excepción restrictiva y explícita que alude a aquellos que integran las fuerzas de seguridad, la policía y el servicio penitenciario. Tal distinción en materia sindical responde a una razón objetiva basad...

Frente al prolongado trámite al que da lugar la tramitación del proceso y el tiempo transcurrido desde el llamamiento de autos, evidentes razones de economía procesal, así como la adecuada preservación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso que asisten a las partes, en cuanto a la necesidad de obtener una decisión judicial que ponga fin a la controversia, d...

Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguien...

La garantía de defensa en juicio comprende el derecho de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, siendo necesario para establecer cuándo se configura una dilación irrazonable del proceso, acudir a algunos criterios orientadores elaborados por la doctrina para determinar la “razonabilidad del plazo”. Ellos son: la conducta del acusado, la conducta del tribunal y la complejidad del caso...

En el diseño previsto por la ley, el fiscal fija su hipótesis investigativa y perfila sus actos -obtención de pruebas- hacia la determinación de la verdad real de la conducta delictiva que justifica su intervención. En aras de llegar a tal conocimiento, establece las vías de investigación respecto de las cuales, las partes tienen decidida intervención, pero no suplantando al fiscal en su rol de di...