El procedimiento administrativo no exige la notificación del dictamen jurídico. El art. 54 de la ordenanza 282/1985 establece que se notificarán solamente las resoluciones de carácter definitivo, los emplazamientos, citaciones, apertura a prueba y las providencias que confieran vista o traslado o decidan alguna cuestión planteada por el interesado. Asimismo, el art. 48 del mismo cuerpo normativo d...

La ordenanza municipal 783/2001 y sus modificatorias establecen las reglas a las que debe sujetarse el transporte de personas de la ciudad. En el caso, la secretaría competente resolvió dar de baja la habilitación concedida al causante y declarar vacante la licencia, en función de que la licencia no registraba movimiento ya que el vehículo afectado en su momento se encontraba fuera de servicio por...

El ordenamiento jurídico distingue distintos tipos de incapacidades si tienen su origen en el trabajo, enfermedad laboral, accidente de trabajo o accidente in itinere (situaciones regidas por la LRT), en tanto que si la patología que afecta la salud del trabajador (enfermedad o accidente) no tiene vinculación con su trabajo o ámbito en el cual lo desarrolla, se considera inculpable y se encuentra ...

El procedimiento administrativo obligatorio diseñado en el art. 1° de la ley 27.348 y receptado por el art. 46 ley 7987 constituye una violación flagrante al art. 18 CN, que mediante la consagración del derecho de defensa en juicio y del juez natural prevé que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales; al art. 109 CN en tanto dispone que “en ningún caso el presidente de la Nación puede eje...

La directiva rectora del derecho del trabajo es la de la continuidad del vínculo receptado en los arts. 10 y 90 LCT. La última norma luego de fijar la regla de la indeterminación del plazo, regula la excepción, prescribiendo para la celebración válida de los contratos a término un requisito de forma y otro sustancial, los cuales deben evaluarse de manera conjunta. El fin perseguido por el legislad...

La multa prevista en el art. 80 LCT y la correspondiente entrega de certificación de servicios y remuneraciones, no habiéndose demostrado que el actor cursara telegrama intimando a su entrega no puede prosperar (art. 3º decr. 146/01). Sin embargo, al no verificarse la entrega de las certificaciones y constancias de servicios, corresponde condenar a su confección y entrega....

Los arts. 243 y 244 LCT indican que, para que sea para que sea procedente el despido directo dispuesto por el empleador, debe existir un elemento objetivo, que es el incumplimiento contractual del trabajador, y un elemento subjetivo, que es la decisión del empleador de producir el quiebre de la relación laboral y un nexo entre ambos que es un incumplimiento que haya generado una injuria grave que ...

La declaración de fraude o simulación per se, no tiene justificación legal; sino como toda acción, en la medida que vulnera o afecta derechos de terceros, en el caso del trabajador, lo que de modo alguno luce en la causa. Por decisión de los contratantes, al definir las cláusulas que regirían para el convenio colectivo de trabajadores de que se trata, los incrementos que de estos adicionales surg...

La competencia de la Sala , en ejercicio de la función de nomofilaquia y unificación, se halla supeditada al cumplimiento de los presupuestos básicos que condicionan su habilitación, entre ellos, que las disímiles interpretaciones legales que se intentan confrontar hayan sido plasmadas en oportunidad de dirimir casos análogos; pero dicha analogía no importa exigir identidad estricta entre todos y ...

El objeto de una obligación de valor no es una suma de dinero, sino un cierto valor, que necesariamente deberá medirse en dinero al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda, siendo la indemnización de daños y perjuicios un ejemplo de esta clase de obligaciones. La obligación de valor cristaliza el monto de los daños y no impide remitirse al resultado de la prueba com...