No existe óbice legal para que las partes establezcan alquileres escalonados en sus contratos de locación de inmuebles en la medida que tal proceder no oculte fórmulas indexatorias. No existe inconveniente legal alguno para que en un contrato de locación de inmueble las partes pacten alquileres escalonados, variables durante el curso del contrato, no obstante lo dispuesto por la resolución 144/...

En el delito de retención indebida el autor tiene un poder de hecho legítimamente adquirido sobre la cosa; no tiene la cosa en contra de la voluntad de su titular sino en virtud de un acto jurídico consensuado con éste o con quien tiene el poder jurídico de hacerlo en su nombre. El propietario ha entregado la simple tenencia de la cosa libre y voluntariamente, es decir, sin vicios de error, dolo o...

En relación con las exigencias penales de la conducta del agente de la retención indebida, las acciones típicas que importan el abuso del poder que éste ejerce en virtud de la entrega que se le ha hecho por el título creador de su obligación de entregarla o devolverla, son las de negarse a restituir o no restituir. En este sentido, “negarse a restituir” importa la omisión de realizar el acto debid...

El delito de desobediencia a la autoridad se encuentra previsto en el art. 239 C.P. y reprime “… al que… desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones…”. En cuanto a la hipótesis que señala la figura, la misma supone el incumplimiento de una orden, la cual no sólo debe emanar de una autoridad material y territorialmente competente, sino que además debe ser clara,...

Acerca del alcance del elemento “orden” que integra el tipo penal del art. 239 del Código, corresponde distinguir entre las ordenes de prohibición de acercamiento y contacto entre el agresor y la víctima que encuentran su origen y ámbito de aplicación en la “ley de violencia familiar” (arts. 10, 20 y 21 ley 9283) y las restricciones de cualquier tipo de comunicación entre víctima y victimario impu...

El Código Procesal Penal de la Provincia, al regular las disposiciones generales de los recursos (Título I, del Libro Cuarto, ley 8123), establece expresamente (art. 443 2º párr. C.P.P.) que quienes se encuentran facultados para ejercer el derecho a recurrir las resoluciones jurisdiccionales son el Ministerio Público (art. 470 C.P.P.), el querellante particular (art. 471 C.P.P.), el imputado (art....

El consentimiento del fiscal para habilitar la suspensión del juicio a prueba del art. 76 bis, 4° párr. C.P., resulta insoslayable. Ello es así, pues el enunciado normativo que proclama el referido requisito, contiene una regla semánticamente autosuficiente, exenta de vaguedades o ambigüedades que lleven a confusión. De consiguiente, la gramaticalidad de la norma perjudica insanablemente una inter...

El dictamen del Ministerio Público Fiscal, puede sustentarse en que se trata de un caso excluido del beneficio -v.gr., por el monto y clase de pena, o por que en el delito hubiese participado un funcionario público-, o si por las condiciones del imputado y del hecho acusado, no sería procedente la condena condicional. Además, la vinculación de la suspensión del juicio a prueba con el principio pro...

Las razones de política criminal que puede alegar el fiscal pueden versar sobre casos de violencia de género o violencia familiar. Ello es congruente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino con relación a los casos de violencia dirigidos a la mujer. Es que, nuestro país a través de la ley 24.632 aprobó la “Convención de Belém Do Pará”, que busca prevenir, sancionar y e...

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que: (…) siguiendo una interpretación que vincula a los objetivos mencionados [art. 7º, primer párrafo, de la “Convención de Belén do Pará] con la necesidad de establecer un "procedimiento legal justo y eficaz para la mujer", que incluya "un juicio oportuno" (cfr. el inciso "f”, del articulo 7 de la “Convención de Belén do Pará citado), la norma en...