El Estado debe garantizar y proteger la condición sanitaria de la población, tratándose de un interés supraindividual, de titularidad colectiva, de naturaleza difusa y evitar que los ciudadanos provoquen situaciones que generen riesgos sanitarios. Cuando se trata del riesgo a la salud por las prácticas farmacológicas, el Estado debe velar tanto por los sujetos que intervienen en los ensayos así...

El Estado debe garantizar y proteger la condición sanitaria de la población, tratándose de un interés supraindividual, de titularidad colectiva, de naturaleza difusa y evitar que los ciudadanos provoquen situaciones que generen riesgos sanitarios. Cuando se trata del riesgo a la salud por las prácticas farmacológicas, el Estado debe velar tanto por los sujetos que intervienen en los ensayos así...

El Servicio Penitenciario es un auxiliar del juez de ejecución, a partir de la creación del fuero especializado que complementa y materializa la vigencia del principio de judicialización previsto en la ley 24.660 (del voto en mayoría de la Dra. Ledesma) La información que la administración penitenciaria brinda al juez nunca puede ser vinculante porque, de lo contrario, se presentaría una altera...

La necesidad de regular la libertad asistida fue la de adecuar la legislación nacional a los postulados internacionales que operan como una garantía al principio resocializador (del voto de la Dra. Ledesma, voto en mayoría). Si bien el art. 104 de la ley 24.660 establece que la calificación de concepto servirá de base para el otorgamiento de la libertad asistida, lo cierto es que ello será así ...

Las cuestiones subjetivas del condenado, por expresa disposición del art. 19 C.N., integran un ámbito privado en el cual el Estado no puede inmiscuirse. Este mandato de nuestra Carta Magna está comprometido con el principio de autonomía de la persona que valora la libre elección de planes de vida e ideales de excelencia humana (del voto en mayoría de la Dra. Ledesma). El principio de autonomía ...

El relativo cumplimiento por parte del condenado en las distintas áreas de tratamiento penitenciario, no impide que el Consejo Correccional, al pronunciarse por la viabilidad de la libertad asistida, lo haga en forma negativa, teniendo como parámetro la situación total del encausado (del voto en minoría del Dr. David). No resulta arbitraria o impuesta en violación a garantías y derechos constit...

El Código Procesal Penal circunscribe las resoluciones recurribles en casación a las sentencias definitivas y a los autos que pongan fin a la pena, o que hacen imposible que continúe, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena (art. 469) y a los autos que resuelven los incidentes de la ejecución de las penas (art. 502). A partir de dicho marco normativo, se ha interpretado q...

La decisión que resuelve en sentido adverso a la pretensión del recurrente de actuar como querellante, provoca un agravio de insusceptible reparación ulterior, pues ante la denuncia de los delitos en orden a cuales se solicitó ejercer aquel derecho amparado constitucionalmente, resultaría tardía toda posibilidad de volver a debatir el tema en una posterior oportunidad procesal, en la medida que lo...

Con relación a la prescripción de la acción penal, la ley 25.188 -luego modificada por ley 25.990, que en su párrafo cuarto instituye nuevos actos interruptivos- establecía en el art. 67 C.P. como actos interruptores de la prescripción, además de la comisión de un nuevo delito, aquellos que constituyen «secuela de juicio». Respecto de la secuela de juicio, la consolidada jurisprudencia de esta ...

La reforma operada por la ley 25.990 (B.O., 11/1/05) en el párrafo cuarto del art. 67 C.P., instaura como actos interruptores de la prescripción: a) la comisión de otro delito; b) el primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio...