La ley 20.266 considera la actividad del corretaje como de intermediación entre dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación, con lo que puede entenderse que se lo califica como un contrato sui generis y no como locación de servicios o de obra, o mandato especial. El corredor sólo tiene a su c...

El actor procedió a demandar al corredor sin requerir de pago al principal obligado. No es cierto que el corredor reemplace al garante que se debería haber constituido solidario y principal obligado al pago en los términos del contrato, sino que aquél es responsable en la medida que su actuar generó un daño que no es atribuible en sustitución del garante, sino en la medida en que sea consecuencia ...

Una de las reglas de interpretación de los contratos es la de estar a las palabras utilizadas por los contratantes consistiendo la interpretación en la observación de las manifestaciones negociales, las cláusulas o estipulaciones para determinar su sentido y alcance. Tal tarea se simplifica cuando las cláusulas son claras, expresas e inequívocas, puesto que deben entenderse como que traducen la vo...

El art. 186, inc. 3, Const. Pcial. autoriza a las municipalidades a crear, determinar y percibir recursos económicos. En calidad de entes autónomos se encuentran facultados para determinar en su legislación local quien o quienes serán los facultados para emitir un título de deuda. El art. 5ª, inc. a, ley 9024 dispone que es hábil el título expedido por los funcionarios habilitados, y el inc. g)...

El art. 132 bis de la L.C.T. determina como hechos antecedentes de la sanción que prevé: a) un acto, que consiste en la retención por parte del empleador de los aportes a que se refiere la norma; b) una omisión, la de ingresar en tiempo propio total o parcialmente los mencionados aportes; c) el momento en que se aprecia la omisión, la cual debe existir al tiempo de la extinción del contrato de tra...

La conformación penal del dispositivo impone privilegiar el principio básico de inocencia, cuyo resguardo efectivo obliga a respetar las reglas que informan la distribución de la carga probatoria. Consecuentemente, quien invoca un derecho debe probar el presupuesto fáctico en que sustenta su pretensión, pues desde la jerarquía constitucional, la presunción de veracidad de los hechos contenidos en ...

Atento lo prescripto en el art. 13 del C.C.A., el art. 806 del C.P.C.C. no es aplicable al proceso contencioso administrativo, pues no existe un vacío legal que deba subsanarse, sin perjuicio de la aplicación analógica de esa norma, sólo en lo atinente al plazo para promover la ejecución en el fuero contencioso administrativo. De ello se deriva que no está preceptuado en la ley 7182, que previo a ...

3. El agravio reseñado en tercer término plantea una cuestión federal, pues objeta el régimen de agravación por reincidencia que regula el Código Penal bajo la pretensión de que es inconciliable con principios de la Constitución Nacional, y la decisión apelada -la sentencia del superior tribunal de la causa que puso fin al pleito- ha sido contraria a los derechos que, a criterio del recurrente, ...

El juicio de división de cosas comunes, está contemplado en el Libro Tercero, Juicios Especiales, Título I, Declarativos Especiales, Capítulo III, a partir del art. 725, donde si bien expresamente indica que debe sustanciarse por el procedimiento del juicio abreviado, establece disposiciones específicas a este tipo de proceso que lo diferencian de un declarativo general, y contiene variantes propi...

El actuar típico se encuentra exento de antijuridicidad cuando concurre una causa de justificación por obrar en defensa propia y de terceros, que responde con una reacción racional frente a agresiones ilegítimas. Las causas de justificación previstas en los incs. 6 y 7 (legítima defensa propia y de terceros) del art. 34 C.P. constituyen permisos o autorizaciones para incurrir en un comportamiento ...