Las costas deben imponerse en el orden causado por el carácter de orden público de las disposiciones aplicadas (arts. 131, 132 y 133 de la ley de contrato de trabajo y decr. 6754/43 ratificado por ley 13.894 y modif.) que el ente administrativo debió prever por tratarse de normas imperativas impuestas por el legislador en concordancia con la doctrina de los arts.130, 131 y 132 C.P.C.C., ley 8465 (...

Las costas deben imponerse al ganador, situación que ha sido prevista en nuestro C.P.C.C., cuyo art.131, segunda parte, dispone que en caso de allanamiento por parte del demandado, si éste no hubiere dado motivo a la promoción del juicio, las costas se impondrán al actor. El hecho de que se haya admitido que la condena en costas es un caso de responsabilidad objetiva, no significa que nos hallemos...

El instituto del amparo por mora de la administración, en tanto acción constitucional consagrada en el art. 52 Const. Pcial., supone una situación objetiva de demora por parte del funcionario, repartición o ente público administrativo en cumplir un deber concreto en un plazo determinado y que sea ejercido por quien tenga interés al respecto....

El objeto del amparo por mora es tutelar el derecho de peticionar a las autoridades y a obtener respuesta (art. 19, inc. 9, Const. Pcial.), esto es, decisión o resolución la que obligatoriamente debe ser expresa. La administración tiene el deber de pronunciarse, el silencio o inactividad prolongados implican una falta de cumplimiento a un deber jurídico que pesa sobre ella....

La primera regla del art. 10, 3er párr., de la ley 8506, es la imposición de las costas al vencido, de modo que en tanto lo haya y no concurran motivos para aplicar la segunda parte, así debe hacerse....

El beneficio de litigar sin gastos es un privilegio que se otorga a quien demuestra su imposibilidad económica para atender el pago de los gastos que genera la defensa de sus derechos en sede jurisdiccional. En tanto se trata de un privilegio, su interpretación debe ser restrictiva. Si se toma en consideración lo dispuesto por las leyes impositivas, la alícuota correspondiente a la tasa de justic...

Si el recurso de revisión articulado contra «actos firmes», esto es que constituyen cosa juzgada administrativa, resulta via-ble ante la administración, constituye un antecedente necesario que, en su caso, habilita la competencia del Tribunal para revisar la legalidad de aquellos actos «firmes»....

El motivo de revisión, previsto en el art. 89 inc. «b», ley 5350 (t.o.) refiere a documentos de carácter decisivo que por su importancia pudieren hacer variar la resolución definitiva. No concurriendo tal decisividad, su recibo no es procedente. Los documentos pueden haber estado en poder del interesado y habérsele extraviado o haber sido detenidos sin su culpa, o bien haberlos conseguido recién e...

La errónea aplicación del de- recho como causal casatoria puede producirse cuando la norma que constituye el fundamento legal del fallo no es el precepto que debía aplicarse para resolver el pleito o, aún cuando su aplicación sea correcta, se atribuye una interpretación inexacta al imperativo legal contenido en ella....

El «informalismo» constituye un principio rector del procedimiento administrativo, que responde a una larga tradición doctrinaria y jurisprudencial de nuestro país y que ha sido receptada normativamente a través del art. 9 de la ley 5350 (t.o.) concordante con el art. 1° inciso «c» de la ley de Procedimiento Administrativo Nacional 19.549. Este principio, que juega siempre a favor del particular i...