La recalificación de la actividad profesional a la que está habilitado el tribunal de alzada para modificar la regulación efectuada, se lleva a cabo cuando ésta debe estar por encima o por debajo de la escala establecida en la ley 8226; de lo contrario, el agravio del recurrente no puede ser atendido y el recurso debe ser rechazado. El juez debe regular los honorarios, tal como los prevé la ley 8...

La ejecutoriedad y la ejecutividad actúan en dos planos distintos: la primera hace a las facultades que tiene la administración para el cumplimiento del acto administrativo, sin intervención judicial, utilizando excepcionalmente la coacción; la ejecutividad, en cambio, se refiere al título del acto en el plano procesal, siendo ejecutivo, aquel acto que dictado con todos los recaudos que prescriben...

Para que la excepción de pago prospere, debe acreditarse con documentación fehaciente, la realización de pago o pagos parciales con anterioridad al inicio de la acción por parte del ejecutado, y que éstos se refieren expresamente al crédito, en la proporción que el excepcionante reconoce adeudar. La prueba de la excepción debe descansar en instrumentos emanados del acreedor o de su representante,...

Si bien el art. 9º ley 7182, faculta al administrado a no pagar la multa, recargos e intereses, ello no significa que el título confeccionado con esos ítems sea inhábil para el juicio ejecutivo fiscal que se lleva a cabo. Una vez que la administración confeccionó el título hábil, para el cobro de la suma adeudada, nada le impide intentarla por vía judicial, si no se ha planteado la suspensión de l...

Una vez que se declara abierta la competencia por la vía del motivo sustancial de casación, esta Sala tiene la potestad para efectuar la correcta solución jurídica del caso bajo examen, aun valiéndose de argumentos distintos de los esgrimidos por el impugnante, siempre que deje incólumes los hechos fijados por el a quo en la sentencia de mérito, y que no viole la prohibición de la reformatio in pe...

El principio de especialidad está establecido en beneficio del orden público, para salvaguardar a los terceros acreedores del demandado, quienes deben conocer el grado de endeudamiento del tomador del crédito y el alcance de la hipoteca que compromete el asiento o bienes de capital del deudor. Los verdaderos interesados en cuestionar su violación son los demás ac...

\r\nCarece de fundamentación el recurso en el que el impugnante no deriva del vicio que denuncia agravio concreto, pero además no individualiza la norma que bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad se estima vulnerada....

El art. 336 C.P.C.C. prescribe que pronunciada y notificada la sentencia, concluye la jurisdicción del juez respecto del pleito. Así, la resolución dictada es indeclinablemente imperativa para quien la produjo; como señala Carnelutti: ?Tiene fuerza de ley en los límites de la litis y de la cuestión debatida?. La seguridad jurídica así lo exige, por lo que dictado un pronunciamiento definitivo se e...

Los principios de economía procesal y celeridad, pierden preponderancia frente a garantías constitucionales como la defensa en juicio. La notificación de la demanda adquiere particular significación en tanto de su regularidad dependen la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad....

El análisis de las categorías de cómplice debe partir de las limitaciones que impone la ley en orden a la forma y oportunidad del aporte, advirtiéndose que sólo la complicidad no necesaria acepta la ayuda posterior con promesa anterior, tal como surge del texto expreso del art. 46 C.P.. Cuando se trata de la cooperación, la distinción entre las dos categorías ha sido efectuada por la ley en razón ...