No hay nulidad por la nulidad misma sino sólo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes. Ello tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés. Aun tratándose de nulidades absolutas, se requiere u...

La Provincia de San Luis promovió demanda contra el Estado Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 76 de la ley 26.078 de Presupuesto para el año 2006. Se cuestionó la prórroga unilateral de la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), establecida originalmente en el Acuerdo Federal del 12 de agos...

La causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional....

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El carácter de las tarjetas es relevante ya que si fuesen instrumentos públicos, de acuerdo a jurisprudencia local, no cabrían dudas acerca del carácter real del concurso entre la falsificación y la estafa toda vez que, en dichos casos, el uso no constituye una condición necesaria de la consumación de la falsedad. Ahora bien, en dicha jurisprudencia se asume, también, que en el caso de los instrum...

Esta interpretación se encuentra en línea con el análisis de la doctrina mayoritaria. Soler al explicar la tesis de la inseparabilidad de las lesiones jurídicas (aplicable al concurso ideal), sostiene que “dos lesiones jurídicas constituyen un solo delito cuando la protección que el derecho acuerda a un bien jurídico se encuentra en determinada relación con otro bien jurídico, según la cual, cuand...

La Corte Suprema tiene dicho que la arbitrariedad de la sentencia se configura, entre otros casos, cuando se han considerado las pruebas, los indicios y presunciones en forma fragmentaria y aislada, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio; y en especial, cuando se ha prescindido de una visión de conjunto y de la necesari...

Las tarjetas de crédito y débito secuestradas, aun cuando alguna pueda aparentar ser emitida por un banco de titularidad pública (por ejemplo, Banco Ciudad, Provincia y Nación), deben considerarse enmarcadas dentro del ámbito de la llamada banca privada, dado que se rigen por normas contractuales entre las entidades y sus clientes. En otras palabras, sí es necesario el uso para que su falsificaci...

Una distinción entre instrumentos públicos y privados radica en que el ordenamiento positivo les otorga a los primeros un valor probatorio pleno de los actos que documentan, dotándolos para ello de ciertos atributos externos previamente regulados (entre ellos, el común a todos es la firma del funcionario público que lo emite). Precisamente, esta consecuencia jurídica (conocida como plena fe) es la...

En cuanto al principio de congruencia, el acontecimiento histórico que se juzga debe ser el mismo que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva. En el precedente “Cardozo” de este colegiado se sostuvo que “esta regla fija su alcance con el hecho descripto en la a...