La directiva de dejar o arrojar la notificación en el interior de la vivienda, en caso de zona rural en que la tranquera razonablemente está cerrada, es una pauta que debe adecuarse al contexto, sobre todo cuando, aun de verificarse la posibilidad de llegar a la vivienda, no resulta razonable considerar que fuera posible dejar un ejemplar de la notificación, con todas las copias adjuntas, en el in...

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El carácter de las tarjetas es relevante ya que si fuesen instrumentos públicos, de acuerdo a jurisprudencia local, no cabrían dudas acerca del carácter real del concurso entre la falsificación y la estafa toda vez que, en dichos casos, el uso no constituye una condición necesaria de la consumación de la falsedad. Ahora bien, en dicha jurisprudencia se asume, también, que en el caso de los instrum...

Esta interpretación se encuentra en línea con el análisis de la doctrina mayoritaria. Soler al explicar la tesis de la inseparabilidad de las lesiones jurídicas (aplicable al concurso ideal), sostiene que “dos lesiones jurídicas constituyen un solo delito cuando la protección que el derecho acuerda a un bien jurídico se encuentra en determinada relación con otro bien jurídico, según la cual, cuand...

La Corte Suprema tiene dicho que la arbitrariedad de la sentencia se configura, entre otros casos, cuando se han considerado las pruebas, los indicios y presunciones en forma fragmentaria y aislada, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio; y en especial, cuando se ha prescindido de una visión de conjunto y de la necesari...

Las tarjetas de crédito y débito secuestradas, aun cuando alguna pueda aparentar ser emitida por un banco de titularidad pública (por ejemplo, Banco Ciudad, Provincia y Nación), deben considerarse enmarcadas dentro del ámbito de la llamada banca privada, dado que se rigen por normas contractuales entre las entidades y sus clientes. En otras palabras, sí es necesario el uso para que su falsificaci...

Una distinción entre instrumentos públicos y privados radica en que el ordenamiento positivo les otorga a los primeros un valor probatorio pleno de los actos que documentan, dotándolos para ello de ciertos atributos externos previamente regulados (entre ellos, el común a todos es la firma del funcionario público que lo emite). Precisamente, esta consecuencia jurídica (conocida como plena fe) es la...

En cuanto al principio de congruencia, el acontecimiento histórico que se juzga debe ser el mismo que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva. En el precedente “Cardozo” de este colegiado se sostuvo que “esta regla fija su alcance con el hecho descripto en la a...

Toda la legislación en torno a la temática de los riesgos del trabajo es legislación común y su sanción corresponde al Congreso Nacional, mientras que su aplicación en las provincias debe ser efectuada por los órganos locales. La ley provincial 9017, en tanto dispone un nuevo modo de caducidad legal, contradice la ley nacional de contrato de trabajo en perjuicio de los trabajadores y, por tanto, ...

Si bien es posible que un abogado profesional se integre como dependiente a una organización ajena renunciando a toda práctica profesional, para que exista una relación de trabajo debe existir una subordinación jurídica y económica estricta que las probanzas de autos desmienten por cuanto: a) relaciones jurídicas como las celebradas están regidas por el derecho internacional y no por el derecho lo...