El art. 11 inc. c de la ley 23.737 prevé el aumento de la pena prevista para los delitos de tráfico de estupefacientes (arts. 5º a 10 de la misma ley) en un tercio del mínimo a la mitad del máximo si en los hechos intervinieren tres o más personas organizadas para cometerlos. Existe consenso en que por medio de esta forma agravada se busca castigar más severamente a quienes se organicen con la fin...

La circunstancia de que los aportes efectuados por cada uno de los intervinientes en las actividades de tráfico a las que refiere el art. 11 inc. c de la ley 23.737 resulten fungibles no los torna ineficaces para crear un mayor riesgo al bien jurídico protegido. La sola existencia de una mínima estructura funcional a las actividades de tráfico facilita ya la comisión de esos delitos en tanto permi...

La facultad discrecional de fijar la pena es motivo de casación, en casos de arbitrariedad. Dentro de ese margen de recurribilidad, relativo a las facultades discrecionales del tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva. El ejercicio de tales facultades se ha extendido a la sel...

La prisión domiciliaria no constituye un cese de la pena impuesta ni su suspensión sino, como claramente surge de su nombre y de su ubicación en la legislación, se trata de una alternativa para situaciones especiales en las que los muros de la cárcel son sustituidos por un encierro en el domicilio fijado bajo el cuidado de otra persona o institución. Resulta, en definitiva, una atenuada modalidad ...

Las resoluciones que deciden el rechazo de una excepción de competencia, por regla general, no resultan equiparables a sentencia definitiva. Ello es así por cuanto, la distribución de competencia entre los tribunales permanentes del país es cuestión extraña a la garantía de los jueces naturales. No obstante, corresponde hacer excepción a esa regla cuando la resolución impugnada envuelve una cuesti...

En el marco de la aplicación de la ley de estupefacientes, la jurisdicción federal es prioritaria excepto cuando las provincias, por voluntad propia expresada mediante ley de adhesión, asuman la competencia (art. 34), lo que la provincia de Córdoba hizo mediante la sanción de la ley 10067. Para distinguir entre los delitos que corresponden a la jurisdicción federal y los comprendidos en la jurisd...

En cuanto a la recurribilidad en casación de las resoluciones que se expiden acerca de una acción de habeas corpus, desde antiguo se ha habilitado la competencia para los recursos presentados a favor de las personas ya que la decisión que lo resuelve debe considerarse definitiva....

El habeas corpus configura una garantía esencial de un derecho primario, individual y básico, cual es la libertad ambulatoria. Una variante del habeas corpus es el denominado habeas corpus correctivo, el cual se dirige en contra de toda forma ilegítima que agrava la condición de una persona legalmente detenida. De tal manera que la aludida acción se erige como la vía procesal apta para subsanar l...

La restricción a las visitas familiares del interno ordenada por el juez interviniente de acuerdo a la recomendación efectuada por el Consejo Interdisciplinario del Establecimiento Penitenciario, debe ser discutida a través de los medios impugnativos dispuestos a tal fin. Ello no implica desconocer que la materia en cuestión es propia de la acción de habeas corpus. En efecto, la finalidad resocial...

El art. 360 bis del Código Procesal Penal (incorporado por ley 10.457), reglamenta el instituto de la suspensión del juicio a prueba previsto por los arts. 59 inc. 7 del Código Penal, estableciendo expresamente que la solicitud podrá ser formulada, por única vez, durante la investigación penal preparatoria o en los actos preliminares del juicio hasta cinco días de vencido el término para ofrecer p...